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Palma 16 de enero de 2020 .- En el acuerdo del PSOE-Unidas Podemos para un Gobierno de coalición del 30 de diciembre de 2019, se abordan los derechos de las personas consumidoras, en materia de Seguridad Alimentaria que incluye consideraciones sobre el impacto de la comida basura, el etiquetado, la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados y el impulso de la compra pública de alimentos de proximidad, con el consecuente impulso al desarrollo rural.
Para implementar estos compromisos de política alimentaria, Alma Mª Palau Ferré, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) espera que el nuevo Gobierno “abra más las puertas a la profesión dietista-nutricionista, para contar con sus conocimientos, preparación y competencias”.
Como explica Palau, “en el sistema educativo y en los modelos de consumo debería tenerse en cuenta al dietista-nutricionistas como agente en la promoción de una alimentación responsable basada en la compra local o de cercanía, el descubrimiento del producto de temporada, el desperdicio alimentario, la cocina autóctona, el bienestar animal, el pequeño productor y el pequeño comercio, la lectura del etiquetado nutricional…”.
Por su parte, Manuel Moñino, presidente del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Illes Balears, declara que Moñino añade que “el CODNIB se ha reunido con la Dirección General de Soberanía Alimentaria y ha presentado una batería de propuestas para que desde las administraciones se cuente con el colectivo para la promoción de sistemas alimentarios más justos y saludables”.
En el Sistema Nacional de Salud
La presidenta del CGCODN recuerda que, en el ámbito de la sanidad, “aún queda también mucho para avanzar” y en el acuerdo del Gobierno “se echa en falta el derecho de la ciudadanía a una asistencia sanitaria integral, con la atención nutricional incluida, para asegurar el acceso gratuito a este servicio, en condiciones de igualdad efectiva, para personas enfermas y para colectivos vulnerables con riesgo de desnutrición”.
En este sentido, el presidente del CODNIB añade que “aunque en nuestra comunidad se está dando pasos para la incorporación de dietistas-nutricionistas en la oferta asistencial de dietética y nutrición en hospitales públicos y centros de atención primaria, el ritmo y magnitud de estas acciones son demasiado lentas y del todo insuficientes para que los ciudadanos puedan acceder al dietista-nutricionista”.
Actualmente solo pueden acceder al dietista-nutricionista las personas con capacidad económica suficientes para asumir el coste de las consultas privadas, cuando son precisamente las personas con bajos recursos las que mayor riesgo presentan de enfermedades crónicas.
El Parlament de les Illes Balears aprobó por unanimidad a principios de 2019 sendas Proposiciones No De ley (15179/18 y 15178/18) propuestas por El Pi-Proposta per les Illes Balears, donde se instaba al Govern a la Incorporación plena de dietistas-nutricionistas al Servicio de Salud de Illes Balears, mencionando específicamente su incorporación a Atención Primaria y a la supervisión de menús escolares y entornos alimentarios en el marco del Decreto de Promoción de la Dieta Mediterránea den Centros educativos y sanitarios.
Como señala Alma Mª Palau, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, “para garantizar la prestación sanitaria en materia de nutrición en el Sistema Nacional de Salud, la incorporación de dietistas-nutricionistas debería ser como mínimo de un profesional por cada 100 camas de hospital en Atención Especializada, uno por cada 50.000 tarjetas sanitarias en Atención Primaria y otro por cada 500.000 habitantes en Salud Pública”.
Más información: Manuel Moñino. info(at)codnib.es 607621822
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